Matrícula Ajustada a los Ingresos

Nota: En el año 2005 el Gobierno comenzó la implantación de un alza en la matrícula de la Universidad de Puerto Rico. Ese año, el estudiantado se fue a la huelga en contra de ese alza, en lo que se conoció como la huelga del Comité Universitario Contra el Alza (Huelga del CUCA). Durante los debates en torno a como responder a la decisión de aumentar los costos de matrícula de manera uniforme, la UJS-MST contribuyó con este documento en favor de su propuesta: una matrícula ajustada a los ingresos familiares de cada estudiante.

Es tiempo de hablar de la Matrícula Ajustada a los Ingresos

“El que en… este último país sean “gratuitos” también centros de instrucción superior, sólo significa, en realidad, que allí a las clases altas se les pagan sus gastos de educación a costa del fondo de los impuestos generales.”

Carlos Marx

Crítica del programa de Gotha

El pasado lunes 4 de abril, la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico anunció su decisión unilateral de aumentar uniformemente los costos de créditos, a nivel subgraduado y graduado, en un 33%, además de imponer una nueva cuota “de tecnología” con la que han venido coqueteando por años. La respuesta del estudiantado no se hizo esperar, y en unas pocas semanas en todos los recintos han habido protestas, paros y huelgas en contra del alza que estipula la Certificación número 70. También se han creado, en varios recintos y colegios, comités contra el alza que han comenzado a darle dirección a los procesos de lucha.

La posición que ha predominado entre el estudiantado, expresada en las diversas asambleas y discusiones que se han realizado, es oponerse al alza, pues la alegada falta de dinero con la que justifican el aumento se debe a los escandalosos gastos de la burocracia que administra la UPR. La mayoría, al parecer, aboga por la derogación de la Certificación número 70, y porque los costos de matrícula se mantengan como antes. Un sector importante argumenta a favor de la eliminación de los costos de matrícula: es decir, por la matrícula gratuita.

Nuestra organización, históricamente y desde que comenzó este proceso, ha luchado en favor de la Matrícula Ajustada a los Ingresos. La hemos propuesto en las discusiones en que hemos participado, pero la mayoría del estudiantado en lucha aún no la ha asumido como su consigna. Sin embargo, creemos que ya es tiempo que los compañeros con quienes luchamos conozcan el planteamiento de Matrícula Ajustada a los Ingresos, con sus pros y sus contras, y que se asuma un debate en torno al tema, y esto por dos razones fundamentales: 1) porque las otras posturas sobre el alza, que mencionamos más arriba (matrícula al mismo costo que antes o matrícula gratis), son insuficientes en varios aspectos, y no corresponden a la realidad del estudiantado; y 2) porque la propuesta de Matrícula Ajustada a los Ingresos es la más coherente, realista y, sobretodo, la más justa.

Nos mueve el convencimiento de que la protesta sin propuesta queda de alguna manera coja. La oposición al alza es completamente justificada, pero en el debate público, si se carece de una opción real, queda como una oposición y nada más. La lucha queda trunca cuando se le pregunte públicamente al estudiantado: ¿y ustedes, qué proponen?

Existe una cuarta postura en cuanto al alza, y es la posición que ha asumido la reacción, en pro del alza uniforme que establece la Certificación número 70, pero con un “comité de fiscalización” que se asegure de que los fondos obtenidos por el alza no se usen “indebidamente”. Discutiremos esta postura más adelante.

¿Quiénes nos vemos afectados por el alza en la matrícula?

Las diversas expresiones que se han dado a favor del alza son más que elocuentes. La mayoría en las asambleas de la Facultad de Administración de Empresas y de la Escuela de Arquitectura, además de un sector grande, aunque minoritario, en la Facultad de Ciencias Naturales y en la Escuela de Derecho, se han expresado a favor de la Certificación número 70. El día de la primera asamblea vimos propaganda en pro del aumento, argumentando que hacía muchos años la matrícula no se aumentaba, que se paga más por un celular que por estudiar en la UPR, que el alza representaba un porciento muy pequeño de la beca y otras boberías más. Por otra parte, en la línea de piquete hemos cantado consignas como “soy pobre, soy pobre” o “me quiero matricular, pero no puedo pagar”, además del himno de la Universidad con letra estudiantil que denuncia que “la pobre juventud ya no podrá estudiar, los ricos quedarán dueños de la universidad: MIERDA ES”

Aparte de las objeciones a la propaganda demagógica en favor del alza, las expresiones que señalamos apuntan a una realidad innegable: en la Universidad, como en el resto del país, coexisten diferentes clases sociales con intereses encontrados y antagónicos. Por un lado está la clase más adinerada, los capitalistas y sus socios menores, que pueden y están dispuestos a pagar el alza estipulada y cualquiera otra que venga. Por el otro lado, estamos los hijos de la clase trabajadora y asalariada (la mal llamada clase media) y de los sectores empobrecidos, en muchos casos nosotros mismos trabajadores, quienes no podemos y no estamos dispuestos a sobrellevar un alza en los costos de matrícula. Es algo que los ricos nunca entenderán, pero el aumento que establece la Certificación número 70 es parte del problema del creciente costo de la vida; va de la mano con la política de austeridad del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, que incluye aumentos en los costos de artículos de primera necesidad y en el servicio de la AAA, además de una propuesta de impuesto sobre el consumo, que a quien perjudica es a los trabajadores de la economía informal (obreros de construcción, trabajadoras de limpieza a domicilio, inmigrantes ilegales, trabajadores part-time, chiveros, etc.). A ello se le suma el aumento creciente en los costos del petróleo, que significa un encarecimiento en todos los renglones. Al no venir acompañado de un aumento correspondiente en los salarios, este encarecimiento general en el costo de la vida significa en la práctica una reducción en lo que se llama el salario real, significando que con el mismo salario de antes ya no se pueden cubrir las mismas necesidades.

Sobre esta realidad de clases, existe un problema aún mayor. Ya sea con la matrícula al costo que estaba o con el alza estipulada en la Certificación número 70, la verdad es que los trabajadores le subsidiamos la educación a los hijos de los ricos que estudian en la UPR, y esto doblemente.

La Universidad se financia con diversas fuentes de ingreso. La parte más pequeña de sus ingresos son por concepto de matrícula, que ronda por el 6% del presupuesto general de la UPR. La parte mayor, por mucho, proviene del presupuesto del ELA, del que se le asigna a la Universidad un 9.5%, representando un 72% de su presupuesto, aproximadamente. El resto proviene de donativos, fondos federales para la investigación, etc.

¿Cómo la clase trabajadora le subsidia la educación a los hijos de los ricos?

A través de la matrícula uniforme, primeramente. Es evidente que para un estudiante cuyo ingreso familiar es de $40,000 ó menos al año (i.e. la mayoría del estudiantado) pagar $30 ó $40 el crédito, significa un porciento mayor de sus ingresos que para un estudiante cuyo ingreso familiar es, digamos, de $80,000 ó más anuales. Por lo tanto, de una manera muy real, la clase trabajadora tiene que sacrificarse para aportar al fondo general de la Universidad, mientras que la aportación de los ricos es insignificante. En otras palabras, el porciento del ingreso familiar que los trabajadores le damos a la Universidad por concepto de matrícula es mucho mayor que el de los ricos, para quienes el estudio en la UPR es una baratija.

Pero de otro modo también la clase obrera le subsidia la educación a los hijos de los ricos. El 72% del presupuesto de la Universidad proviene de los fondos del ELA, y estos provienen principalmente de los bolsillos del pueblo trabajador, en forma de contribuciones. Además de que la mayor parte de los contribuyentes son asalariados, los ricos tienen mil y una formas, legales e ilegales, de evadir los impuestos, por lo que su aportación es, además, proporcionalmente menor.

Para detener este doble subsidio que los trabajadores damos a la educación de los ricos, y para que la clase capitalista y sus asociados nos devuelvan a los asalariados y oprimidos lo que nos deben, es que la Unión de Juventudes Socialistas plantea la Matrícula Ajustada a los Ingresos. Nuestra propuesta es establecer un sistema en que los ricos paguen más. Que el pago de matrícula sea proporcional a las capacidades económicas de cada cual. Para ello hace falta un esfuerzo mínimo, pues la Universidad ya procesa la información de ingresos del 63.4% de los estudiantes que solicitan beca u otro tipo de asistencia económica.

Para que funcione es necesario, además, que se desarrollen mecanismos para evitar la evasión y el fraude que los ricos cometen a la hora de pagar sus impuestos. Se pueden establecer indicadores para evitarlo, como el lugar residencia, las cuentas de banco, las propiedades, la escuela de procedencia, etc. Es evidente que un estudiante que reporte un ingreso de $40,000 pero que viva en Encantada, que posean en su casa dos BMW del año y que se haya graduado del Colegio San Ignacio sin ayuda económica, no debe pagar lo mismo que uno que reporte el mismo ingreso pero que viva en San José, tengan en su casa un Tercel del 1990 y se haya graduado de la Miguel Such.

Objeciones a la Matrícula Ajustada a los Ingresos

“¡Pero eso sería aceptar una forma de alza en la matrícula!” nos dirán con preocupación genuina algunos compañeros en lucha contra el aumento. Y la verdad es que sí. Queremos y proponemos que a los ricos se les cobre más, mucho más. ¿Porqué vamos a defender el supuesto derecho de gente que no sólo ha planteado que puede y está dispuesta a pagar, sino que además trabaja día a día para que, a los que no podemos y no estamos dispuestos, nos impongan el alza? Pues eso es lo que plantean los que se expresan en favor del alza para todos, los que apoyan al profesor Duchesne en sus actividades, los que hacen llamados a romper la huelga, los que dicen que se paga más por un celular que por estudiar en la UPR, que en las universidades privadas se paga mucho más, etc. Si eso es lo que creen, y lo han declarado públicamente, pues que paguen $150 ó $200 el crédito, para que los hijos de los trabajadores no tengamos que llevar esta carga del alza uniforme que ellos sí pueden llevar. Nos parece que es una medida mínima de justicia.

“¡Pero hay que darle a todo el mundo igual acceso a la educación!” añadirán otros, igualmente preocupados. Pero la realidad es que la Matrícula Ajustada a los Ingresos es la única forma en que se puede garantizar igual acceso a la educación universitaria para todos. Volvemos a enfatizar en la realidad de clases que se vive en la Universidad y en el país: personas con diferentes capacidades económicas, con la matrícula al mismo costo para todos, tienen diferentes posibilidades para costear sus estudios. Con los costos de matrícula uniformes, estudiar en la UPR resulta más difícil para los hijos de los trabajadores, y mucho más fácil para los blanquitos. Más aún cuando los hijos de la clase obrera en muchos casos tenemos que trabajar también, dejando menos tiempo para dedicar a los estudios.

“¡¿Pero cómo vamos a aplicarlo?!” preguntarán aún otros. Esta pregunta la responderemos más adelante, pero primero hace falta ver el argumento presupuestario.

¿Le hace falta más dinero a la UPR?

La propuesta de Matrícula Ajustada a los Ingresos es también la propuesta más coherente y realista, y la única que puede resistir el debate público como opción al alza uniforme que establece la Certificación número 70. Esto es así porque es la única que presenta una forma alterna de aumentar los ingresos de la Universidad sin poner la carga sobre los hombros de los trabajadores, los asalariados y los oprimidos. Pero hay que ver si realmente es necesario aumentar los ingresos de la Universidad.

El presidente Antonio García Padilla y la Junta de Síndicos reconocen que, aún con los fondos que regresan a la Universidad por la Ley de Juegos de Azar y por el mecanismo para calcular el 9.5% del presupuesto del ELA que se restablece ahora, todavía hay un déficit de unos $23.8 millones. Esa es la justificación para el alza. Pero reconocen también que los recaudos por concepto de matrícula aumentada no alcanzan para cubrir ese déficit. Si fuésemos a creer completamente el cuento de los administradores, hace falta todavía un fracatán de dinero; la propuesta que se presente como opción debe atender ese problema.

Se ha planteado repetidamente que no existe tal falta de dinero, que lo que pasa es que los fondos se van en los gastos exorbitantes de los administradores. Hay que ser cuidadoso con ese planteamiento. Nosotros hemos sido los primeros en denunciar las cifras obscenas de los gastos de Presidencia y Administración Central, y los salarios de los administradores y sus asesores. Pero una cosa es denunciar los gastos excesivos cuando hay un supuesto déficit, y otra muy distinta decir que esos gastos excesivos son la causa del déficit. Haría falta sentarse a estudiar minuciosamente el Presupuesto de la Universidad y las cifras de escándalo en salarios de administradores y asesores, gastos de representación, vinos, lujos, etc., pero nuestro estimado preliminar es que aún si se recortasen todos los gastos a los estrictamente necesarios, el déficit no queda subsanado. Por otra parte, tenemos razones para creer que las cifras que ofrecen están manipuladas y que el déficit es mucho mayor.

Pero vayamos más allá. Aún si recortando la “grasa” en la administración (algo que nos parece más que necesario) se logra subsanar el déficit de $23.8 millones, y queda sin justificación el alza impuesta a través de la Certificación número 70, aún así a la UPR le hace falta dinero. ¿Acaso no llevamos años denunciando la falta de cursos y secciones, el estado de deterioro de la planta física, la falta de personal docente, de centros de cómputos en diversos recintos, del Teatro en el recinto de Río Piedras, y un largo etcétera? Para ello hace falta más dinero, es una realidad que no podemos echar de lado.

Eventualmente hará falta entrar en exigir del gobierno un aumento en la fórmula del 9.5% que nos rige hoy. Ya desde la década de los 70 el movimiento estudiantil impulsaba un aumento de la fórmula a un 10%, ó hasta un 12%. Hace falta retomar este reclamo histórico, y podemos emplazar públicamente al gobernador, quien ha declarado que su primer compromiso es con la educación, para que le asigne más fondos a la UPR. Sin embargo, no podemos recostarnos en este único reclamo.

Luchar por un aumento en la fórmula (al igual que luchar por eliminar Presidencia o la Junta de Síndicos) es luchar por enmendar la Ley Universitaria, o crear una nueva. Entendemos que esta lucha es fundamental para comenzar a solucionar los problemas de fondo que tiene la Universidad, y es un reclamo que debemos incluir en esta y en otras luchas, pero convertirla en el foco principal es un error.

Primero, es un reclamo superestructural; es decir, se refiere a una cosa que está escrita en un papel, y aunque tenga un efecto real, no deja de ser un asunto abstracto y, por lo tanto, no moviliza a la gente. Necesitamos que el foco principal sea un reclamo sobre algo concreto, como el problema de que el semestre que viene el costo del crédito va a ser de $40 a nivel de bachillerato y $100 para los graduados, más $71 en cuotas. Para ello, la propuesta de Matrícula Ajustada a los Ingresos es una opción concreta, realizable y que resuelve el problema que alega la administración.

Segundo, enfocarnos en la cuestión del presupuesto del ELA sería hacerle el favor al gobierno de Aníbal Acevedo Vilá. Es muy probable que la decisión de aumentar los costos vino cuando vino para presionar a la legislatura PNP para aprobar el presupuesto que presentó el gobernador. Recordemos las declaraciones del presidente, que si no se aprobaba el presupuesto de Acevedo Vilá, el alza sería de 66% ó más. El movimiento estudiantil tiene que cuidarse de no ser usado por los partidos en el poder para adelantar sus propias agendas; debe mantener su propia independencia y luchar por adelantar sus intereses sin comprometerse con nadie.

¿Cómo aplicaríamos la Matrícula Ajustada a los Ingresos?

Veamos ahora la aplicación del sistema de ajuste. Podemos empezar planteándonos que si el 25% más rico de los estudiantes pagara $60 el crédito (es, decir, el doble del costo anterior, ó tres veces el alza), y el resto pagara $30, ya se compensarían los recaudos que vendrían por el alza de la Certificación número 70, sin afectar al 75% más pobre. Pero se puede desarrollar mejor la propuesta.

No necesariamente hay que sobrepasar los recaudos de la Universidad con la Certificación 70. Se puede hacer un ajuste que represente un poco menos ingreso para la UPR según sea necesario para llegar al balance que se desee entre las necesidades del estudiante y las de la Universidad. Para ello se puede jugar con varios factores en la fórmula con que calculamos el ajuste.

Por otro lado la información en la planilla de Contribución Sobre Ingresos no es indicador suficiente para establecer el nivel económico del estudiante ni el ajuste correspondiente, pues está sujeto a evasiones, legales e ilegales. No estamos hablando de reportar más dependientes, o rendir la planilla como soltero cuando se está casado. Estas formas de evasión son insignificantes ante los mecanismos que tienen los ricos, muchos de ellos sancionados por ley, para no reportar sumas enormes de ingresos anuales. Para hacer un ajuste más cercano a la realidad (aunque ningún mecanismo va a ser perfecto), hace falta establecer unos indicadores claros para matizar la información ofrecida en la planilla, para que los ricos no continúen aprovechándose de los pobres.

La información con que se cuenta para hacer estas propuestas ciertamente es insuficiente, aunque nos permite trazar las líneas generales a seguir. Con los datos que se cuentan ya es posible hacer un cálculo, estimado pero funcional. Sin duda, cuando se comience a aplicar, se podrá afinar mejor el mecanismo y establecer categorías de ingreso más precisas, además de determinar el ajuste para los estudiantes graduados. Hará falta, además, reorganizar la Oficina de Asistencia Económica, contratar más personal, adiestrarlo en procesar los ajustes en el costo de matrícula, etc. para convertirla en una Oficina de Manejo de Información Económica del Estudiante.

Considerando las otras propuestas

Como señalamos más arriba, existen tres propuestas al problema del alza en las matrículas que impone la Certificación número 70, además de la Matrícula Ajustada a los Ingresos. Las evaluaremos una a una, a la luz de lo que hemos planteado.

Mantener el costo de matrícula como estaba, es decir, $30 el crédito subgraduado, $75 el crédito graduado y $35 de cuota de construcción, es una de las propuestas que goza de apoyo entre los estudiantes en lucha contra el alza. Nos parece que falla en dos puntos fundamentales. Primero, mantiene el doble subsidio de la clase trabajadora a los estudios de los blanquitos que señalamos más arriba, porque mantiene el costo de matrícula uniforme. Segundo, no resuelve el problema de la UPR de la falta de fondos.

La matrícula gratis es la otra propuesta que goza de apoyo entre el estudiantado contra el aumento, en particular entre algunos grupos dirigentes. Esta propuesta falla más gravemente que la anterior. Si bien elimina el subsidio al estudio de la clase dominante a través de las matrículas, mantiene la segunda parte del subsidio, es decir, el subsidio a través de las contribuciones. En cuanto al financiamiento de la Universidad, resulta una medida que retira fondos a la UPR. Quienes plantean esta propuesta, lo hacen por una aplicación dogmática y mecánica de la consigna “Por una educación pública, gratuita y de excelencia” que se ha utilizado en otros foros. Pero para que esta propuesta resulte ser una superior se necesita lograr antes: que se aumente la aportación del Estado a la Universidad para que cubra tanto el déficit existente como la parte de los ingresos que provenía de las matrículas; que se creen mecanismos para garantizar que la inmensa mayoría, si no el 100% de los matriculados provengan de las clases populares, pues de otro modo mantendría la situación de subsidio señalado.

El alza uniforme con fiscalización es la propuesta que los ricos han planteado como solución al problema. Quienes plantean esta alternativa no entienden o no les importa que los trabajadores y los oprimidos cargarán con el peso mayor, por las razones que señalamos arriba. Es la postura de los que están francamente a favor de la administración y en contra de los estudiantes hijos de la clase obrera, que estamos en lucha. Lo de la supuesta “fiscalización” es la forma como refutan los señalamientos que ha hecho el estudiantado contra el alza sobre los gastos astronómicos en la Administración. En la medida en que los que luchamos contra el aumento centremos nuestro discurso meramente en la denuncia del despilfarro en Presidencia y no planteemos las otras caras del problema de una manera clara, esta propuesta de “alza con fiscalización” le parecerá plausible a sectores importantes en el debate público.

Dicho sea de paso, ya la administración está planteando públicamente que con la beca Pell los estudiantes de menos recursos no se ven afectados con el alza. Estos planteamientos hay que atajarlos, porque de hecho no son ciertos; son parte del discurso demagógico que la derecha está utilizando para endilgarnos el alza.

Lo primero es que no todos los estudiantes “de escasos recursos” reciben la beca. Para ser elegible, uno tiene que cumplir con unos requisitos de promedio, cantidad de créditos aprobados al año, etc. Si el estudiante está en tercer año, debe tener aprobados una cantidad de créditos correspondientes; es decir, si por las razones que sean uno se atrasa un semestre o un año, no es elegible hasta que se ponga al día, sin importar la necesidad económica. Los estudiantes menores de 23 que viven independientes, pero no están casados ni tienen hijos, están obligados a solicitar como si fueran todavía dependientes, lo que en muchos casos afecta la elegibilidad. Segundo, los estudiantes graduados no reciben beca Pell. Tercero, muchas personas no reciben beca completa por diferentes circunstancias.

Aún así, queda un grupo grande que sí recibe la beca. Pero hay que decir que la beca Pell no da para cubrir los gastos mínimos de estudio.

Gastos de un estudiante becado al año con el alza uniforme (2007)

Matrícula los dos semestres          $1102

Libros, copias y materiales            $600

Gastos de transportación              $416

Comidas                                          $2,190

Total                                                $4,308

Estas cifras son en el caso hipotético de que el estudiante en cuestión no se matricule en verano, que gaste sólo $300 en libros, fotocopias y materiales, eche nada más que $8 de gasolina a la semana y, milagrosamente, haga solamente dos comidas diarias de $3. Esto tratándose de un estudiante que viva todavía con sus padres sin que le cobren nada. Y todo esto sin contar los gastos misceláneos, el plan médico que es requisito, etc. Pero la beca completa, en el mejor de los casos, es de $4,050. De manera que aún estirando el chicle a el nivel que lo hacemos la beca resulta insuficiente para cubrir los gastos de cualquier estudiante regular. Por eso es que casi todo el mundo en la Universidad tiene que buscarse un trabajo part-time.

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