Debate urgente por una matrícula justa

IMG_1958Francisco Fortuño (UJS-MST)

Es importante que el debate posible se dé en la práctica. Las expresiones del presidente del Senado en cuanto al estudio de la posibilidad de instituir en la Universidad de Puerto Rico un sistema de matrícula ajustado a los ingresos son un pie forzado para discutir una propuesta seria y radical. Claro está, son también un llamado a mantener la guardia: demasiadas oportunidades para progresar en los debates cruciales en torno a los problemas reales de Puerto Rico mueren en el empantanamiento de la politiquería. El llamado debe de ser a que se pongan las acciones donde está la palabra: la Universidad debe de entrar en el debate y tomar en serio la posibilidad de establecer un sistema de matrícula más justo. El primer paso sería la creación de un comité, organizado por y a partir de los recursos de la propia comunidad universitaria, para estudiar la propuesta y su posible implementación.

Es imprescindible clarificar a lo que nos referimos cuando hablamos de una matrícula ajustada a los ingresos familiares. En realidad, de lo que hablamos, es de un sistema de matrícula con un sentido de justicia, que reconozca la existencia de las diferencias de clase y las atienda. El problema de fondo que trae la propuesta de una matrícula ajustada no es otro que el de la desigualdad social: la realidad de que la inmensa mayoría de la población de Puerto Rico no disfruta ni remotamente de las mismas condiciones que la mínima minoría en la cúspide.

Cabe señalar que, aunque compartimos la propuesta final, el argumento presentado por el presidente del Senado parte de un supuesto erróneo. El Senador comienza “reconociendo” que el costo del crédito en la UPR es muy barato, cuando la realidad es muy distinta. Ciertamente, comparado con el costo absoluto de las universidades en Estados Unidos, el crédito en la UPR parecería baratísimo. Sin embargo, lo que se debe de hacer es compararlo con la realidad social de nuestro país, que es muy distinta a la de EE.UU.

La desigualdad es una realidad en Puerto Rico. Según el Negociado del Censo Federal, cerca del 60% de las personas menores de 18 años viven bajo el nivel de pobreza. Por contraste, menos del 2% de las familias puertorriqueñas tienen un ingreso anual mayor de $150,000. A la hora de hablar de este tema, muchas veces se cita como ejemplo la diferencia entre Puerto Rico y el estado más pobre de los EE.UU., que suele tener el doble del nivel medio de ingresos que el de la población de nuestra Isla.

La realidad de la desigualdad, la opresión y la marginación en el país se hace más real cuando se pasa de los números a las experiencias personales. Cuando conocemos de la realidad asfixiante que viven miles de jóvenes por todo el país, intentando sobrevivir en un sistema que se niega a pensar en un futuro para ellos. El problema de ese sistema caduco es que ya nos cansamos de esperar a que piense las soluciones por nosotros.

El nombre de lo que proponemos es matrícula ajustada a los ingresos, la realidad de lo que proponemos una matrícula que reconozca la diferencia socioeconómica de cada estudiante y su capacidad, real, para pagar. El principio que rige el sistema que proponemos es el de que cada cual pague lo que puede de acuerdo a sus condiciones materiales. Eso quiere decir que no se observe solamente una planilla, donde se puede hacer todo tipo de trampas, para determinar la necesidad de un estudiante, sino que se estudien otros indicadores que permiten conocer la realidad de cada quien.

Este sistema garantizaría, por ejemplo, que un estudiante cuyos padres han abandonado por su decisión de expresar abiertamente su orientación homosexual no tenga que abandonar la universidad porque no puede pagar los estudios. De la misma manera, ayudaría a que miles de estudiantes que son excluidos de la Beca Pell –por ejemplo, hijos de empleados públicos que en papel ganan una cantidad “suficiente” pero en la realidad ni se acerca a serlo– pudieran mantenerse estudiando y pagando lo justo.

A la misma vez, la matrícula ajustada es un sistema que sustituye el subsidio actual existente a la educación de las personas más adineradas por un subsidio justo a las personas que menos tienen. En el sistema actual, donde un estudiante proveniente de las escuelas más caras del país puede estar viniendo a pagar más de 10 veces menos a la UPR, el gobierno paga la diferencia entre lo que ese estudiante podría pagar y lo que en efecto paga: por lo tanto, le subsidia a los ricos la educación. A la misma vez, perjudica a las personas pobres y trabajadoras, imponiéndoles un costo oneroso si se toma en cuenta su realidad. Este sistema es injusto e insostenible: mantiene una presión económica sobre miles para que no entren a la mejor Universidad posible; miles que terminan yendo a universidades privadas donde la educación es inferior en calidad y mucho más cara a la larga, cuando les cobren los préstamos que la hacen casi gratuita al corto plazo.

El argumento más común en contra de una matrícula ajustada es el del problema de aplicación o implementación. Se plantea como un obstáculo insuperable: sería muy difícil encontrar la forma, dicen, de garantizar que una matrícula ajustada responderá a la realidad. Lograr el sistema de aplicación, o sea la capacidad de definir y corroborar justamente la realidad de cada estudiante, parecería ser el problema que da pie a la objeción. Sin embargo, este argumento no es lo que parece a primera vista.

El problema más importante para poner en práctica un sistema de matrícula  ajustada a los ingresos familiares es obviamente la forma en que sería aplicada: por lo tanto, discutir su implementación es una condición necesaria para apoyar la medida. Cualquiera que se encuentre diciendo “estoy de acuerdo en principio o en teoría, pero me parece difícil de implementar” ha dado un paso importante. La justeza de la propuesta queda fuera de duda, el problema se transforma en uno técnico.

La solución al “problema de la implementación” es por lo tanto práctica. Solamente será posible una vez se asuma seriamente el estudio de esta propuesta. Mientras se mantenga el tabú de hablar de un ajuste en la matrícula porque es “inaplicable” no se encontrarán las soluciones necesarias para atender un problema mayor: la desigualdad y marginación en la educación superior. A base de imponderables y casos hipotéticos las profecías se hacen verdad solas y terminan impidiendo que se progrese en un debate crucial.

Ciertamente existe otra objeción, de principio, que hay que tomar en cuenta. Es el argumento que plantea la injusticia de una matrícula ajustada, ya que la educación es un derecho inalienable. Abarca de todo: desde el planteamiento –erróneo– de que diferenciar los costos discrimina negativamente, hasta que el objetivo debe de ser que la matrícula sea igual para todos porque todos somos iguales. Sin embargo, ahí está la pared con la cual se choca el problema: la igualdad.

Por más que Thomas Jefferson y la Declaración de Independencia de Estados Unidos hayan proclamado que todos los hombres fueron “creados” iguales, no todos los seres humanos viven en las mismas condiciones. Este no es un problema individual: los problemas sociales no son acumulativos. Explicar la desigualdad social no es igual a sumar las diferencias agregadas de todos los miembros de una sociedad y declarar que unos tienen más que otros. La desigualdad es un problema que va más allá de que unos tienen más y otros poco, porque está inscrita en la estructura social.

Esa es la discusión que circunscribe el debate en torno al ajuste de la matrícula. Cualquier argumento en contra de la matrícula ajustada que obvie tratar el problema de la desigualdad, de la división clasista de la sociedad, es un castillo construido sobre las nubes. Lo que falta penosamente siempre que se habla de que la matrícula debe ser uniforme –gratuita o no– es reconocer la diferencia social. Es dejar claro que la opresión y marginación no desaparecen de un plumazo porque así lo declare una asamblea o un filósofo chino, porque se diga “la educación es un derecho”. Para que la idea de la desigualdad desaparezca, la debemos eliminar primero de nuestras mentes, en su forma de discrimen y prejuicio de clase, por más velado que aparezca. Para que la desigualdad concreta desaparezca, para que la educación sea un derecho en la práctica, hace falta un movimiento concreto que combata las causas reales de la opresión y la haga desaparecer con medidas que la ataquen de frente, no que la romanticen.

En este punto sería una ingenuidad pensar que una medida parcial como la matrícula ajustada a los ingresos sería capaz de solucionar un problema sistémico y abarcador, que surge del ordenamiento intrínseco de la sociedad capitalista. Eso es un hecho y sirve para recalcar que atender la accesibilidad de la Universidad no es sólo cuestión de atender el problema de la matrícula: implica mucho más. El debate se debe de ampliar para discutir los serios obstáculos que se le ponen al pueblo pobre y trabajador para entrar a la UPR. Además, se debe de ampliar para tocar la realidad del sistema universitario privado, un debate que el movimiento estudiantil en la universidad pública ha obviado por demasiado tiempo, así como para tratar el problema real del sistema de educación pública a todos los niveles, incluidos los problemas serios de los maestros.

Los estudios que se han realizado sobre el tema indican que un elemento fundamental que impide que los pobres entren a la UPR es ideológico-cultural: la inmensa mayoría de los estudiantes provenientes de escuelas públicas y de sectores marginados simplemente no ven como una posibilidad el entrar, incluso si la pudieran pagar con la beca federal o préstamos subsidiados. Pensar que esto es meramente un problema de actitud delataría un prejuicio. Hay que observar este obstáculo como lo que es: la colonización de la mente del pueblo por la ideología perniciosa del capital, de la desigualdad cristalizada en estructura social. Atacar ese problema va más allá de la retórica liberal que tradicionalmente ha enarbolado el movimiento estudiantil. Requiere, sobre todo, una identificación de ese movimiento con los que el sistema ha lanzado a sufrir y agonizar ahogados entre sus engranajes. Demanda, sin duda alguna, la voluntad concreta de oponer a la sociedad obsoleta en la que vivimos una alternativa revolucionaria concreta.

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